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Asesoría legal educacional; al sostenedor subvencionado y de colegio particular pagado

ADECUACIONES REGLAMENTARIAS A LA NUEVA LEY DE GENERAL DE EDUCACIÓN

Este servicio es una síntesis de toda la legislación aplicable al concepto de educación, en efecto, nuestra actual ley general de educación (20.370) le otorga una gran importancia a las normas sobre sana convivencia al interior y exterior del establecimiento, y que se condiciona incluso para adquirir el reconocimiento oficial.

Resulta clave lo señalado en el artículo 15 de la mencionada ley que crea el “Consejo Escolar” respecto de los colegios subvencionados o que reciban aportes estatales, o “Comité de buena convivencia escolar” en el caso de los particulares y tienen la función de:

  1. Canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo.
  2. Promover la buena convivencia escolar.
  3. Prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos.

Asimismo el articulo 46 letra F) de la misma ley exige un reglamento que incorpore políticas de prevención, actuación y que diga relación con la convivencia escolar que se constituye como un elemento determinante para esta ley; sin perjuicio de la existencia del reglamento sobre evaluación de la letra d) del mismo articulo 46, lo que implica la coexistencia en un reglamento de 2 requisitos para mantener el reconocimiento, o la existencia simplemente, de 2 reglamentos, a fin de evitar las sanciones del artículo 15 o 50 de la ley 20.370, según sea el caso, es decir, multa de hasta 50 UTM, y amonestación, multa o suspensión temporal o finalmente definitiva del reconocimiento, sin perjuicio de la sanción indirecta del articulo 49 de la ley 20.370, esto es, que el Mineduc, al cumplir su deber de tener un registro público de sostenedores y establecimientos, incluya en ese registro, el de las sanciones que evidentemente tendrá a la vista el apoderado al momento de matricular.

La ley no le da “organicidad” al consejo escolar ni al comité, pero le otorga existencia imperativa, por lo que a nuestro juicio se cumple con ella si se le otorga dicha organicidad, un reglamento propio y no una existencia adosada a otro reglamento o que quede expuesta a confundirse con los Padres y Apoderados, comunidad educativa etc., pues se trata de un ente articulador que debe sobrevivir a sus componentes, pues tanto los padres como los alumnos pasan, pero el consejo o comité no pueden estar expuestos al paso del tiempo atendidas sus funciones permanentes, y que es lo que justifica que deba dársele una existencia orgánica que abarque por ejemplo: Miembros que lo componen, cargos que lo constituyan, forma de elección de los mismos, vigencia, reelección, causales de cesación del cargo, organización vertical (Presidente, secretario etc.) validez de las votaciones, (por simple mayoría, acuerdos, etc.) forma de relacionarse con el sostenedor y jerarquía docente, docente directiva y Técnico-Pedagógica, procedimiento de denuncia o reclamación ante una infracción a las reglas sobre sana convivencia, prueba del caso, tasación de la misma, forma de ejercer el infractor su derecho a defensa, la participación del docente, padre o apoderado en el derecho de efectuar descargos, las sanciones no disciplinarias (Como por ejemplo sometimiento a terapias de manejo de impulsos frente a una agresión escolar) sanciones disciplinarias (No pueden serlo nunca académicas) vinculación del consejo con agentes externos al establecimiento, como cooperadores del mismo (Bibliotecas, museos, bomberos, carabineros, ONG, oficinas de tratamiento de la violencia etc.)

Este servicio se ofrece asimismo a la comunidad escolar pues tal como dijimos en la presentación de la empresa, se regulan en la ley general de educación mas bien relaciones que entes aislados, para lo cual, y atendido, que existen múltiples cuerpos normativos que rigen esta materia, se requiere un conocimiento muy depurado.
El pecado capital que tiene la legislación educacional y que usted vera en los comentarios especiales es la improvisación respecto de la legislación misma. (La ley no estableció con claridad qué es el Consejo Escolar, el cual es, según la coherencia de las normas, una instancia Judicial Democrática al Interior del Establecimiento que debe tener su reglamento y manual de procedimiento propios, independiente del Sostenedor, Director, Padres y Apoderados, con asesoría especializada para que pueda cumplir su función, con una forma de ser elegidos sus miembros, presidente, directorio, forma de canalizar sus sesiones, vinculación con el Encargado de la Sana Convivencia, con el Inspector, Director, alumnos etc.)

El consejo escolar es pues, igual que el comité, una Instancia Judicial y por ende tiene que operar como tal y en serio, y con independencia de los demás Estamentos Escolares, por las siguientes razones:

  1. Porque la ley le otorga existencia: Deberes y Derechos.
  2. Porque la ley no incluyó en el código penal u otro cuerpo normativo el delito o falta especifica que diga relación con el acoso escolar (Bullyng) o violencia escolar (Sin perjuicio de que pudiera exceder el ámbito escolar y se configure el delito de lesiones etc.)
  3. Porque no hay un tratamiento especial en la ley de responsabilidad penal adolescente (20.084) de manera que procedimentalmente la prevención, regulación, averiguación, y sanción queda inmersa en la dinámica del establecimiento, y, por ende, en el “Consejo Escolar” o “Comité para la Buena Convivencia Escolar”, SI SE TRATA DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES. (Clarificamos que el Consejo Escolar creado por el artículo 15 de la ley 20.370, nada tiene que ver con el Consejo Escolar Creado el año 2005, y cuyo Decreto de creación es el N° 24 del año 2005)

El sentido de esta asesoría se justifica en función de la explicación que hemos dado en relación con la cual recomendamos evitar la improvisación o la copia de reglamentos que están obsoletos respecto del propio Mineduc, que también corta y copia, como sucede por ejemplo con el decreto Nº 256, vigente desde el 28/01/2012 pero que es una mera adaptación del DS Nº 40 de 1996 (Que fija los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la enseñanza básica) Lo mismo las inconsistencias existentes en cuerpos tan relevantes como el Estatuto Docente, y la ley General de Educación.

Lo anterior es sin perjuicio de que los nuevos reglamentos deben adaptarse a los 12 principios del articulo 3º de la ley 20.370 (Universalidad, calidad, equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad) sin perjuicio de otros como la oportunidad, la naturaleza mixta y laica de la educación chilena.
Deben también los reglamentos establecer normas acerca del tratamiento a dar al embarazo, estado civil de los padres, no pago de compromisos, repitencia, que están limitados en cuanto a la permanencia escolar (Y que aparentemente afectan solo a los colegios subvencionados pero respecto de lo cual sostenemos que no, atendidos los actuales principios educacionales)

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