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Asesoría legal educacional; en el procedimiento de reconocimiento oficial de establecimientos de educación básica y media

El ámbito de la asesoría se extiende a verificar o atenderlo consultivamente o en forma permanente respecto de los requisitos del artículo 46 de la ley 20.370 en términos de que en la actualidad el sostenedor no puede ser una persona natural, sin perjuicio de que el cumplimiento de los requisitos es relevante en ciertos aspectos:

  1. Que la fiscalización o vigilancia de la Superintendencia de educación respecto de la mantención en el tiempo de dichas requisitos permite al sostenedor mantener su reconocimiento.
  2. Se evitan las multas por infracción al artículo 15 (Sana convivencia escolar).
  3. Se cumplen los objetivos transversales de la educación.

Especial cuidado se debe tener respecto de las causales de inhabilidad del sostenedor que se aplican a una persona natural y sabemos que actualmente solo pueden serlo personas jurídicas. Dejamos en claro entonces que la perdida del reconocimiento respecto de un establecimiento educacional no es una sanción a una persona natural, y la ley es ambigua al respecto, sino a una persona jurídica. (Y ambigüedad se da en que la ley de la Superintendencia de la Educación, LEY 20.529, del año 2007 contiene sanciones diferentes a las del artículo 50 de la ley General de Educación o 20370, por ejemplo en el monto de las Multas)

¿Y cuál puede ser la sanción?
Solo la disolución de la misma o la perdida de su personalidad jurídica, sin afectar a las personas naturales que la componen, salvo que se trate de inhabilidades subjetivas, como la condena por ejemplo, por delito sexual a uno de los socios. Pero ¿Si un socio es condenado por delito penal de los prohibidos, sexuales por ejemplo, procede la perdida del reconocimiento? No porque afectan solo al administrador y representante legal ¿Y si afecta a uno de estos y no a ambos? No está resuelto por la ley.



El problema de la ley, como tantos que contiene, es que elimina al sostenedor como una persona natural pero lo sigue tratando como si lo fuera, lo que se extiende inclusive al DFL Nº 2 de 1998 sobre subvenciones.
Un ejemplo de infracción que puede implicar una pérdida del reconocimiento es que el establecimiento educacional está afecto a un embargo judicial, esté sujeto a expropiación, se encuentre en litigio, esté afecto a suspensión de los servicios básicos, se encuentre garantizando deudas de terceros, no renueve el contrato de arrendamiento 6 meses antes de cumplirse los 5 años mínimo que debe garantizar el sostenedor. (Y que si bien no están establecidas en la ley, son extraíbles del artículo 46 de la ley 20.370)

La asesoría se proyecta por ende tanto a la obtención como el mantenimiento de los requisitos para ser reconocido, lo que se aplica a cada establecimiento y no a cada sostenedor (que puede tener más de un establecimiento) por disposición legal.
No se debe olvidar que el reconocimiento se lleva a cabo por resolución del secretario regional ministerial de educación, y no por decreto.
En su apartado especial se ofrece asimismo la asesoría legal en el procedimiento de reclamación y apelación respecto de la resolución que cancela el reconocimiento sea por denuncia del Mineduc a la Superintendencia que impondrá cargos y recurso ante los tribunales de justicia (Ver reclamaciones y recursos judiciales).

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