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Asesoría legal educacional; Respecto de la intermediación y mediación ante la superintendencia de educación

Como sabemos, la superintendencia tiene facultades que podemos denominar “Absolutas” en el procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos previamente impuestos por el Mineduc (Bases Curriculares) y que le han sido otorgadas por la ley que la crea, dentro de cuyas atribuciones tenemos que diseña y aplica instrumentos de evaluación de desempeño de sostenedores y establecimientos educacionales, diseña y aplica instrumentos de evaluación de los niveles de aprendizaje de los alumnos según las bases curriculares, acredita los instrumentos de evaluación que voluntariamente le presenten los colegios particulares, efectúa auditorias a los sostenedores, fiscaliza el uso de recursos públicos y pide cuenta a su respecto, accede a cualquier documento para fiscalizar, puede citar a declarar a sostenedores, representantes, administradores, investiga denuncias y resuelve reclamos de la comunidad escolar, formula cargos, designa administrador provisional, fiscaliza el cumplimiento de requisitos para mantener el reconocimiento, interpreta administrativamente las normas legales, imparte instrucciones de carácter general (cumplir las instrucciones es una circunstancia atenuante frente a un procedimiento sancionatorio) etc, y especialmente aplica las sanciones a que la faculta la ley (Artículo 50 ley 20.370) es decir, es JUEZ Y PARTE (Defecto que nuestra legislación aún mantiene, y que sólo por excepción hace admisible la recurrencia ante la Justicia Ordinaria)

Se genera sin embargo frente a denuncias y reclamos de la comunidad educativa un procedimiento de intermediación y mediación que hace procedente arribar a acuerdos para evitar la sanción y obtener de esta forma circunstancias atenuantes, fuera de mantener la relación deseada con la comunidad educativa, y que es donde lo asesoramos.

En cuanto a los colegios particulares lo que por regla general la Superintendencia no puede hacer es pedir cuenta toda vez que no hay recursos públicos involucrados, sin embargo, previa instancia particular de reclamo o denuncia; le nace dicha facultad, sin perjuicio de la fiscalización transversal relativa al cumplimiento de los requisitos contenidos en las bases curriculares dictadas por el Mineduc vía Decreto Supremo con aprobación del Consejo Nacional de Educación.

El procedimiento de reclamación y apelación (en que se incorpora el aspecto judicial) lo vemos en la sección “Reclamos administrativos y recursos judiciales” sin perjuicio de que a este nivel lo que se procura es justamente no llegar a la reclamación administrativa frente a un PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO O JUDICIAL en el evento de que finalmente el Superintendente confirme la Sanción Impuesta.

Lo anterior, evidentemente, abarca la defensa frente a un procedimiento de imposición de cargos efectuado por la superintendencia de oficio, por denuncia del Mineduc o a instancia de reclamación o denuncia infraccional proveniente de cualquier agente de la comunidad escolar y que implica acompañar pruebas, cumplir con plazos, y ejercer la debida defensa del mismo modo que si se tratara de una acusación penal atendido que el procedimiento sancionatorio pertenece al ámbito penal, solo que el ente que puede ser sancionado con la pena de muerte es un establecimiento educacional (Sin perjuicio de las sanciones de inhabilitación que pueden afectar al Representante legal o Administrador de la Sociedad de giro educacional)

¿Puede perder la personería jurídica un sostenedor que administra varios establecimientos y se le revoca el reconocimiento a uno de ellos?
La ley no lo resuelve, pero lo claro es que quien tiene el reconocimiento o lo pierde es el establecimiento educacional, no el sostenedor, por ende, habrá que estarse a la causal invocada.

El tema educacional contiene interesantes problemas que en el acápite “Observaciones, comentarios y críticas a la ley educacional” usted encontrará pues atendido que somos sujetos pensantes no podemos estar fuera de la problemática que se expone.
Pensamos nosotros, que atendida la tendencia actual en materia legislativa (Mediación obligatoria en determinadas materias de familia previa instancia judicial, obligatoriedad en materia de llamado a conciliación en materia laboral, proposición de bases de conciliación en causas por reparación del daño medioambiental, las salidas alternativas en el ámbito penal, y etc.) el “Procedimiento de mediación” en materias infraccionales vinculadas con el Gestión de cuentas y fiscalización de reserva de la Superintendencia se transformará en el medio de resolución de conflictos pre-judiciales de más concurrencia y alcance en nuestra legislación educacional por las siguientes razones:

  1. Porque la legislación general actual lo concibe así.
  2. Porque la instancia existe y se entrega a la superintendencia su estimulación. (Y registro de los mediadores acreditados en esta materia)
  3. Porque equilibra el interés de la comunidad educativa, el Estado y el Sostenedor.
  4. Porque se evita la sanción y por ende la “mancha” en el registro público de sostenedores sancionados. (Que a nuestro Juicio es la peor sanción toda vez que afecta la credibilidad y se propone como una suerte de Dicom educacional)

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