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Asesoría legal educacional; Otros recursos judiciales

INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RECLAMACION JUDICIAL ANTE TRIBUNAL DEL TRABAJO POR DESPIDO ILEGAL, RECURSO DE PROTECCION POR INFRACCION AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y ACCIONES COMUNES

En la legislación chilena educacional existen múltiples normas que se van superponiendo y que tienden a generar posibles contradicciones entre ellas, incompatibilidades entre la ley y la constitución, o entre los decretos y la ley (a modo de ejemplo la ley que crea la Superintendencia de la Educación contiene sanciones que la ley general de educación no contempla)

El problema con el recurso de inaplicabilidad es que para que proceda, debe presentarse antes alguna acción ordinaria o normal para que proceda, y en el ámbito educacional, siendo un derecho especialísimo, no tiene un tratamiento especial y por ende, pocas acciones. La tendencia es la resolución discrecional de los conflictos y reclamos, como sucede con la objeción a los planes y programas que presenta el sostenedor al Mineduc en que no hay mas instancia de reclamación que el consejo.

En el derecho Medio Ambiental tenemos actualmente tribunales especializados creados por la ley 20.600 pero no existe el mismo tratamiento en educación

ASESORÍAS JUDICIALES ESPECÍFICAS:

1) Reclamación judicial entre tribunal laboral por despido ilegal:
Asesoramos judicialmente al docente en el recurso de reclamación que pueda presentar ante el juzgado laboral si el docente considera que la Municipalidad no observo los requisitos de procedencia de las causales de término de la relación contractual, y planteando ser la misma ilegal, teniendo el plazo de 60 días y solicitar su reincorporación.
Observaciones y advertencias

  1. No se trata de un recurso que pueda asimilarse al “Despido Injustificado” pues en el despido injustificado se alegan cuestiones de hecho y no de derecho necesariamente. La demanda por despido injustificado busca la indemnización, en cambio la reclamación busca la reincorporación.
  2. Se debe tener cuidado con el plazo, pues la demanda por “Despido Injustificado” se puede presentar en forma subsidiaria a la “Reclamación” y rige el plazo de 60 días de la reclamación.
    Lo anterior porque si se hace una denuncia ante la inspección del trabajo, en términos de que se amplía el plazo a 90 días para demandar y la denuncia es por despido injustificado y se demanda luego de los 60 días, la acción de reclamación seria extemporánea.
    Recordemos que si se despide, por ejemplo, por evaluación insatisfactoria, al estatuto docente contempla una bonificación al profesional despedido (Articulo 73bis de la ley 19.070) que no es compatible con la indemnización que se solicita junto con la demanda por despido injustificado, por lo que se debe tener cuidado con eso.
  3. Conviene la reclamación para que el reintegro permita mantener los beneficios propios de la carrera docente del que trabaja para la municipalidad y asignaciones.

2) Demanda por despido Injustificado:
Docentes despedidos del Sector Particular, Subvencionado y del DL 3166

Estos profesionales se rigen por el derecho común, esto es, por el código del trabajo, es decir, por reglas generales, aunque efectúan una labor especial.

A este profesional le conviene siempre pactar junto con su contrato, una indemnización a todo evento, y que se superponga a la del Código del Trabajo si la de todo evento fuere inferior (Lo que también pueden hacer los docentes del Sector Municipal)
Lo anterior no implica que los docentes del sector Municipal no puedan demandar por DESPIDO INJUSTIFICADO si la causal esgrimida por su sostenedor o Alcalde para despedir adolece de una ilegalidad, que es lo que igual se discute en las Demandas por Despido Injustificado, con la salvedad de que los Docentes no tienen Tope en UF al ser titulares de la Indemnizacion por años de Servicios, toda vez que el Estatuto Docente y su Reglamento no lo contemplan.

Los docentes del sector particular y subvencionado tienen la ventaja de lo dispuesto en el artículo 87 del estatuto docente, es decir, que si se les despide sin cumplir lo dispuesto en el artículo 160 del reglamento, es decir, se invoca la causal “Necesidades de la empresa y no se le avisa con 60 días de anticipación señalando que el contrato termina al día anterior al 1º del mes en que se inician las clases, entonces además de los años de servicio, debe pagarle la remuneración total por los meses que restan para terminar el año escolar. Así por ejemplo, si se le despide en Agosto del presente año se le debe pagar la antigüedad más los meses de Septiembre a Febrero del año entrante, sin perjuicio de arribar a acuerdos en esta materia.

Existe a su vez por parte del empleador Particular la necesidad de justificar el Despido, no pudiendo ser un mero argumento (Lo que se aplica también al sostenedor subvencionado) y tiene que ser muy cuidadoso si va a invocar una causal culposa como la infracción grave a los deberes que impone el contrato o la falta de probidad porque aquí no basta la declaración, la opinión del apoderado o la queja de un menor sino que se requieren estándares más elevados y que pertenece ya a la asesoría.

3) Recurso de Protección:
El derecho a la educación no está protegido por este recurso por lo que frente a arbitrariedades o ilegalidades cometidos por alguna autoridad y que requiera una reparación inmediata solo se puede recurrir de Protección por infracción a la garantía respecto de la Igualdad ante la ley.
Es interesante denotar como la actual ley general de educación establece una discriminación arbitraria e ilegal en la diferencia que hace entre centros de formación técnica e institutos profesionales y universidades en términos de que a éstas últimas les exige constituirse como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. En cambio los CFT e IP basta como que se constituyan como personas jurídicas de Derecho privado (Articulo 53 de la ley 20.370) por lo que a la Universidad se le excluye expresamente el denominado lucro pero no a los CFT e IP, los cuales si pueden funcionar con una finalidad lucrativa, es decir, con una ganancia geométrica en relación a la inversión, lo que eventualmente haría procedente que los alumnos de éstos pudieran recurrir de Protección por el atentado a la Igualdad ante la ley, o eventualmente, recurrir a la Justicia Ordinaria demandando al Estado por el perjuicio irrogado al aceptar esta discriminación, sobre todo cuando las personas que estudian en CFT o IP son quienes tiende a tener el mayor nivel de dificultad económica para financiar sus estudios.

Lo anterior puede conducir a que un alumno, centro de alumnos o apoderados de un CFT o IP consideren existir una discriminación arbitraria de la ley infringiendo la igualdad ante la misma:

  1. Porque técnica o teóricamente el alumno universitario no enriquece a su universidad, en cambio el alumno de un CFT e IP si lo tienen que hacer.
  2. Porque ambos constituyen “Educación” por lo que no se entiende la discriminación a su respecto que la ley hace.

4) Asesoría judicial ante juicios comunes:
Ejecutivos de cobros de pagarés, de prestación de servicios, juicios ordinarios.

Lo mismo que en cualquier otro ámbito, en el sector educacional sea Municipal, Subvencionado, del Establecimiento Particular etc., se pactan contratos de prestación de servicios con contratistas, subcontratistas, se suscriben pagarés, letras de cambio, se garantiza el pago de obligaciones con cheques, se producen incumplimientos que pueden derivar en acciones judiciales del derecho común o civil pero que no tengan por causa una obligación de carácter educacional, ámbito en el cual procede también una asesoría especializada, permanente, no permanente, judicial o de otra naturaleza.

5) Asesoría judicial frente a sanciones provenientes del decreto con fuerza de ley sobre subvenciones o de atributos de la agencia de la calidad de la educación
En efecto, el DFL Nº2/1998/Educación reglamenta los distintos tipos de subvenciones que son procedentes y especialmente en sus artículos 50 y 52 y SS las infracciones que son susceptibles de ser sancionadas en la categorización de gravedad y que son de reserva de la Superintendencia de la educación en cuanto a su fiscalización y procedimiento de investigación, según lo que ya antes hemos explicado pero que destacamos en este apartado especial atendido que dicho DFL establece infracciones específicas.

Asimismo la ley 20.529 publicada con fecha 27 de agosto del año 2011, y modificada recientemente con fecha 11 de diciembre del año 2012, incorpora un Sistema nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, le otorga organicidad a la Agencia de la Calidad de la Educación y claro está, funciones, como son evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos, evaluaciones de desempeño de los Establecimientos Educacionales y de sus Sostenedores, ordenar los establecimientos educacionales en función de su desempeño, validar los mecanismos de evaluación docente, directivo y técnico pedagógica, etc, a la que el artículo 37 de la ley General de Educación le había dado directrices generales, lo que producirá la necesaria intervención especializada ante los requerimientos de la agencia, vinculados con plazos etc, entidad que no tiene facultades sancionatorias eso sí.

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