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LOS INSTITUTOS PROFESIONALES NO PUEDEN OTORGAR EL TITULO DE PROFESOR DE EDUCACION BASICA Y MEDIA PORQUE ÉSTOS REQUIEREN LICENCIATURA PREVIA.

1) El antiguo DFL Nº5/1982 en su artículo 2º establece que los Institutos Profesionales pueden otorgar toda clase de títulos profesionales, salvo aquellos respecto de los cuales la ley exija haber obtenido previamente el grado de licenciado. Lo anterior es concordante con lo que señala la actual ley general de educación (Articulo 54) que establece o reitera lo mismo.
El artículo 63 de la ley general de educación establece cuáles son los títulos profesionales que requieren licenciatura precia. Las letras m), n) y ñ) establecen a este respecto que el título de Profesor básico, medio y de educación diferencial, lo requieren.

¿En qué situación se encuentran hoy los estudiantes, egresados y titulados de profesores cuyo título ha sido otorgado por un IP?
Tan poco riguroso en nuestro legislador educacional inclusive en la ley 19.070 o estatuto docente y su reglamento (Artículo 2º del estatuto y 8º de su reglamento) le otorgan reconocimiento expreso y por ende le dan la calidad de profesional de la educacional al profesor titulado de un IP siendo que tal profesión se reserva a las universidades.
Jurídicamente no puede un reglamento o ley estar por sobre una ley Marco, orgánica, general de educación. Los títulos no tendrían validez o nuestro legislador debiera componer estos problemas que denotan que el primer problema de la educación es la falta de coherencia de la ley educacional y la tendencia que se traduce en la improvisación, de resolver los problemas creando instituciones.

2) Tal incoherencia se presenta en otros ejemplos como cuando a propósito de señalar el estatuto docente a quienes no se aplica el mismo (Colegios Pagados, Artículo 3º) e indica que a tales profesionales no se les aplican los últimos 5 incisos del artículo 79 de la misma ley, que, si lo analizamos dicho artículo tiene solo 5 incisos y regula justamente los requisitos que debe contener el contrato de trabajo de los profesionales de la educación del sector privado.

3) Los actos arbitrarios o ilegales vinculados con la aprobación de planes y programas que presente el sostenedor al Mineduc (Articulo 31 ley 20.370) y que dice relación con su rechazo solo es reclamable ante el Consejo Nacional de Educación, no existiendo instancia judicial al respecto.
Esto cimenta lo que decimos en términos de que no es efectivo de que en Chile se aplique efectivamente el principio de “AUTONOMÍA” pretendido por la ley general de Educaciónporque las bases curriculares vienen impuestas por el Estado y se estimula al sostenedor a cumplir los planes y programas desarrollados por el Mineduc, bajo presión de multa Etc., y no existiendo recurso judiciales para resolver el rechazo frente a un plan y programa propio no queda otra que acatar. Así, lo que se pretende cuando se dice que EL SOSTENEDOR TIENE PLENA LIBERTAD PARA CREAR PLANES, PROGRAMAS,Y EN DEFINITIVA, UN PROYECTO EDUCATIVO, tiene la problemática de que las Bases Curriculares vienen dadas por Decreto, lo que impide el desarrollo educacional, porque por ejemplo, el Sostenedor no se atreverá a presentar un proyecto educativo en que todos los ramos, por ejemplo, se direccionen al cuidado del Medio ambiente, matemáticas medioambientales, biología en el contexto medioambiental, el desarrollo de la Democracia dentro del contexto medioambiental, la historia como la concientización de la necesidad de cuidado y preservación de la naturaleza.
En definitiva las bases curriculares contienen los mínimos y los máximos a la vez, impiden cualquier innovación y por eso aún se enseñan en educación básica los contenidos del año 1996 que son los mismos de los años 80 (Ver Decreto N° 40 que es el que se imparte hoy, y que es una mera repetición del Decreto correspondiente al año 1996)

4) La falta de atención respecto de los talentos. En efecto, la única referencia a los talentos en la ley general de educación es el articulo 86 letra b) a propósito de las funciones del Consejo Nacional de Educación y que denota una falta de interés orgánico por darle oportunidades de desarrollo a los alumnos destacados, con lo que desde el origen, implica una falta de atención por el desarrollo científico y tecnológico real, pretendiendo una falsa discriminación arbitraria cuando se privilegia a éstos.

5) Ilusión en la aplicación real de los nuevos principios de la educación. En efecto, nada sacamos con hacer declaraciones de principios si en el plano sustantivo los contenidos y la forma de entregarlos siguen siendo meras adaptaciones de decretos antiguos como sucede por ejemplo respecto de los objetivos fundamentales y contenidos obligatorios mínimos que deben cumplirse según el decreto Nº256 vigente para el año 2012 y SS y que es una adaptación del decreto Nº40 de 1996 y que no innova respecto de cuestiones que son evidentes y que debieran incorporarse desde ya como el colegio virtual para talentos etc.

6) Una horizontalidad en la forma de concebir el entramado del control educacional compuesto por tantos entes e instituciones que hace improbable que se entiendan y que, inclusive más, tienden a oponerse.
Un listado que no las contiene todas es el siguiente:

  1. El Mineduc (Ministerio de Educación y sus funciones) de las que hemos extractado en Manual de Educación que hemos elaborado, y que suma 25 funciones aproximada sin perjuicio de las que se le asignan como funciones docentes.
  2. La Superintendencia de Educación. Ley 20.529. Que centralmente fiscaliza los requisitos de cumplimiento del Reconocimiento.
  3. El Consejo Nacional de Educación. Ley 20370 que asimismo tiene sus funciones propias establecidas en su ley y que analizamos en el Manual creado al efecto y que no podemos publicar en la Página atendido que forma parte de la asesoría.
  4. El Sostenedor. Reguladas sus funciones en el artículo 10 y 46 de la ley 20.370 fuera de otros cuerpos legales como el DFL 2 /1998 SOBRE SUBVENCIONES.
  5. El Centro de Padres. Cuyos lineamientos generales de existencia se encuentran regulados en el Decreto 565/ 1990.
  6. Los Centros de Alumnos. Cuyo derecho a existir lo establece el artículo 10 de la ley 20.370, estableciendo el Derecho de los alumnos como parte integrante de la Comunidad Educativa a Organizarse, pero sin establecer los parámetros para ello como forma de elección de sus componentes, duración en el cargo, forma de ejecutar sus resoluciones, funciones propias etc. Nosotros la hemos incluído en el reglamento que hemos redactado y en que se cumple con su organicidad como primera forma de ejercer el instrumento democrático que la ley General de Educación propugna pero que no ejecuta. (Uno de los defectos es este, la existencia de Instituciones o Entes vinculados con la educación pero sin darles organicidad)
  7. La Comunidad Escolar. Que nace como una Comunidad justamente porque no tiene la intención de crearse sino que se crea por ley, por el hecho de que los padres o apoderados se adscriben a un DETERMINADO PROYECTO EDUCATIVO MATRICULANDO A SUS HIJOS EN UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. (Lo que sabemos es una mera declaración de principios porque dudamos que alguien al matricular lea el proyecto educativo siquiera)
  8. El Consejo Escolar. En los Colegios Municipales y subvencionados deben existir. El cual para los Colegios particulares se llama Comité para la Buena Convivencia. Creados inorgánicamente por el artículo 15 de la ley 20.370. Nosotros entendemos su sentido y alcance y hemos trabajado en su estatuto y reglamento Interno, funciones, procedimiento etc, según el servicio que antes se ha ofrecido. (No confundir este Consejo Escolar con el consejo que rige el DECRETO N° 24 DEL AÑO 205/ EDUCACIÓN)
  9. El Cuerpo docente o Profesionales de la Educación. Al que nos hemos referido latamente en los servicios prestados. Regidos según el Sector al que pertenezcan por distintos cuerpos legales, El Estatuto Docente (Ley 19.070) y su Reglamento, el Estatuto Administrativo (Ley 18.883 en cuanto a los Sumarios a que están expuestos) El Código del Trabajo ( DFL N° 1) si hablamos de Regulaciones supletorias y aplicables al sector Particular, la actual ley 20.529 ( Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad dela Educación) etc.
  10. La Agencia Acreditadora. Creada también por la ley 20.370.
  11. El Consejo de Profesores. Institucionalizado como una entidad de asesoramiento Técnico de la Dirección y sostenedores, que debe reunirse por lo menos una vez al mes en los establecimientos Municipales y Subvencionados, con facultades resolutivas e materias técnico pedagógicas, que asesora al Director en la Cuenta anual, en la evaluación del Director y cuerpo directivo docente, pero que en los Establecimientos Particulares no tiene necesariamente facultades técnico – pedagógicas resolutivas. Está diseminado en todas las normas de la Ley General de Educación.
  12. El Centro de Perfeccionamiento, experimentación e Investigaciones Pedagógicas. Instituído en el Estatuto Docente a propósito de ser la entidad que articula el perfeccionamiento, estimula el mismo en regiones, acredita entidades capaces de dictar los cursos de perfeccionamiento fijando sus requisitos y con Capacidad Sancionatoria para aquellos que no cumplen, administra el proceso de Becas para los profesores etc, pero no está CONTROLADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA EDUCACIÓN.
  13. Las Universidades que deben ser creadas por ley si son Estatales, o si son privadas como Corporaciones sin fines de Lucro, reglamentado su registro como tales, concesión de personalidad jurídica, pérdida de la misma, proceso de licenciamiento y posterior autonomía ejecutada por el Consejo Nacional de Educación. (Actualmente no existe ya el proceso de Acreditación, sino que se llama Licenciamiento respecto de las Universidades Nuevas, por lo que la Acreditación y el Consejo Nacional de Acreditación son entes en extinción) Por eso resulta absurda la crítica y modificación a la ley 20.129 que crea el Consejo Nacional de Acreditación con 16 miembros, pues el Consejo que realmente está llamado a funcionar a futuro es el Consejo Nacional de Educación de la ley 20.370 con 10 miembros, y cuya forma electiva es la misma que la del Consejo Nacional de Acreditación por lo que si se va a modificar uno debe modificarse también el otro, que va a tener real protagonismo el 2019, con la plena vigencia de los niveles 1° - 6° Básico y 1° a 6° Medio.
  14. Los Institutos Profesionales. Regulados por la ley 20.370 en cuanto a su constitución y en que se establece claramente que no pueden dictar carreras que requieran licenciatura previa, y que sin embargo dictan igual la carrera de Pedagogía con expresa infracción de Ley.
  15. Los Centros de Formación Técnica. Que sólo pueden dictar carreras Técnicas de Nivel Superior con un mínimo de 1600 clases (no horas) y con una simple forma de Constitución.
  16. Las Federaciones de Estudiantes. No reguladas legalmente, salvo que el Estatuto Constitutivo de una Universidad debe establecer la exclusión expresa de que estudiantes y administrativos puedan participar en el Gobierno de la misma.
  17. Las Comisiones Calificadoras de Concursos. Ya sea para los efectos de la proposición de las listas de Profesores a ocupar cargos como titulares o Directores de establecimientos educacionales o para recibir el reclamo o apelación.
  18. La Comisión de Apelación de los concursos a Titular respecto de las plantas docentes Municipales, provenientes de una reciente modificación al Estatuto Docente.
  19. La Comisión evaluadora docente. Introducida por el artículo 70 de la ley 19.070, y perfeccionada por la ley 20.529 sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, y en relación a cuya evaluación hemos señalado que procede la Reclamación Administrativa y la segunda evaluación sin procedencia de despido.
  20. El sistema de Alta Dirección Pública. Creada por la ley 19.882 y cuya función en Educación consiste en designar un representante de la Comisión de Alta Dirección Pública ya sea miembro directo o representante para los efectos de concurrir con su voto en las comisiones calificadoras de concursos públicos al Nivel de Profesor Titular.
  21. Las Asesorías Externas. Incoporadas recientemente para los efectos de proponer a la comisión de evaluación los perfiles de personas idóneas para ocupar los Cargos Titulares en los Establecimientos Educacionales del País, que reciben aportes del Estado, específicamente los Municipalizados, y que deben encontrarse acreditados, procesos que actualmente se encuentran en curso.
  22. La Dirección Nacional del Servicio Civil. Que cumple un rol en Materia de educacional (y que no debemos confundir con el Registro Civil)
  23. Los entes acreditados ante el Centro de Perfeccionamiento, experimentación e Investigaciones Pedagógicas.
  24. El Director del Establecimiento educacional. Según la regulación Matriz de la ley 20.370, el Director es quien lidera el proyecto educativo, y tiene distintas facultades según se trate del Director de un Colegio Municipal, en que las facultades se extienden inclusive a la administración financiera, lo que no sucede respecto de los colegios Subvencionados y Particulares.
  25. El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal. Ingresan por Concurso Público , y está regulado el mismo en los artículos 34 D de la ley 19.070.
Como vemos, y nos falta agregar otras entidades, son tantas las instituciones o entes referidos a la Educación, que resulta difícil pensar que puedan armonizar en sus distintos intereses, lo que implica la dificultad de armonizarlos, y en relación a lo cual nuestro servicio pretende ser un aporte.

7) En cuanto al problema del docente. El primer problema de stress de ese profesor recién titulado pero inspirado enfrenta, es a cuál de los 4 subsectores educacionales pertenecer, si al Municipal donde hay derechos remuneracionales establecidos por ley y no por contrato, y carrera docente, o al subvencionado donde no hay carrera docente, o al particular donde no hay estabilidad en el empleo.
Cuando la interrogante de partida es ésta ¿Tendremos a un docente concentrado en enseñar? En la partida podemos decir que resulta difícil contestar que sí.

8) Si un proyecto educativo o plan quinquenal del Mineduc dura 5 años, que es el período de Medición en que según el artículo 37 de la ley 20.370 la Agencia debe evaluar, y sin embargo es posible contratar a un profesor a plazo fijo por un año en los establecimientos educacionales: ¿Podrá evaluarse un plan y un programa por parte de la agencia de la calidad de la educación si el contrato de trabajo del docente solo dura 1 año? (Ver Artículo 37 inciso 2º ley 20.370).

9) Respecto de la docencia y la labor docente resulta claramente insostenible que el profesional de la educación este segmentarizado con distintos tipos de contrato de trabajo, complejas y superpuestas fórmulas para calcular las asignaciones docentes, que unos tengan carrera docente y otros no, lo que ya establece barreras a priori a la calidad etc.

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